Opinión: ¿Quién hace respetar la Constitución?
El Ecuador se enorgullece de ser pionero en otorgar derechos constitucionales a la naturaleza, como ningún otro país lo ha hecho antes. En esta Constitución encontramos artículos muy específicos y mandatorios que dan los lineamientos para precautelar, preservar y conservar los valiosos recursos en flora y fauna, asegurándonos también de manera expresa que el Estado “protegerá el derecho de la población, a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable”.
Al encontrarnos en una situación en la que se busca detener un inminente daño a la naturaleza, lo lógico sería acudir a nuestra Constitución en busca de esa protección y de las acciones que puedan ser aplicadas para frenar estos atropellos, quedándonos así con una sensación de profunda emoción y esperanza al encontrar todas las garantías que protegen y fortalecen los derechos de la naturaleza; pero tristemente nos golpea la abrupta realidad, ¡nada de eso aplica o funciona en la vida real!, al menos de la forma para lo que estas garantías y estos derechos fueron creados.
Existe una gran brecha entre lo que se enuncia en la Constitución y el actuar de organizaciones desde el Gobierno central, el Ministerio del Ambiente, los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) y las autoridades seccionales; lo lógico sería que cada uno de estos sea controlado por su contrapeso o los organismos especializados en la materia que dentro de su autonomía pueden crear, ¿pero qué pasa cuando todos estos se alinean para defender intereses que distan de lo que la Constitución dice en materia de nuestro medio ambiente?, ¿qué sucede en este caso, quién los controla, quién hace respetar lo establecido? Gracias a esta ausencia de autoridad imparcial e independiente, al final del día todo termina siendo un montón de palabras y discursos para idealistas y propagandas. A partir de mi experiencia en una situación particular en la cual he podido involucrarme directamente desde el principio, cuando a la vista de todos se estaban violando estos derechos y principios, al intentar “trasplantar” unos árboles sin justificativos técnicos, sociales y ambientales, con la venia y autorización de los que son los primeros que deberían protegerlos; me demuestra que aun después de haber seguido cada uno de los pasos legales apoyándome en las leyes y artículos de nuestra Constitución, agotando todas las alternativas e instancias, termino siempre topándome con el mismo problema, un sistema viciado en el que no se puede confiar. ¿A quién acudimos en busca de respaldo?, si ni las medidas cautelares logradas por la vía legal, ni los lineamientos que el MAE dispone para realización de trabajos de tala o trasplantes, sirven ante el poder económico y las ganas de hacer lo que ciertos grupos quieren o les place.
Nuevamente lanzo esta pregunta al aire: ¿A quién debemos acudir para que esa Constitución pronaturaleza se cumpla y proteja lo que promete conservar? Necesitamos actuar, necesitamos hacer cumplir nuestras propias leyes, les debemos eso, al menos, a quienes invirtieron tiempo, luchas y esfuerzos en crearlas; a quienes apoyaron al momento de aprobarlas, pero más allá de querer proteger y velar por el cumplimiento de la norma, la lucha debe ser por conservar lo que, a diferencia del papel, no lo aguanta todo.
Por: Andrea Fiallos
Publicado en cartas al editor de El Universo del 28 de octubre del 2017
